Debate sobre acceso a la información pública


La importancia del acceso a la información como derecho humano fue eje del análisis de una jornada de debate realizada en la Legislatura en la cual se escuchó la postura de diferentes organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, Fiscalía de Estado, el Sindicato de Prensa de Mendoza y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa.
El análisis se centró en el derecho a la información que no está reglamentado en la provincia, pero sí en la Constitución y a través de Pactos Internacionales a los que Mendoza adhiere. Además se analizó el dictamen emitido por el fiscal Fernando Simón mediante el cual se buscó dar respuesta al pedido elevado por un ciudadano para conocer los números de la pobreza en Mendoza.
Entre los expositores se escuchó la voz del Fiscal de Estado, Fernando Simón, Damián Loreti, abogado de la Universidad de Buenos Aires y uno de los autores de la Ley de Medios Audiovisuales, Adolfo Brennan de Fundación Nuestra Mendoza, Carlos Aguinaga en representación de LED (Libertad de expresión + Democracia), y los senadores Adolfo Bermejo y Noelia Barbeito. La vicegobernadora electa, Laura Montero, había comprometido su presencia pero finalmente no pudo asistir, y en su lugar, lo hizo Daniela García, jefa de los equipos técnicos del Frente Cambia Mendoza.
La apertura del encuentro estuvo a cargo del Fiscal de Estado quien detalló que en la provincia no existe regulación específica ni por vía legislativa ni reglamentaria, lo que en muchas ocasiones lleva a que funcionarios o empleados del Estado no sepan cómo actuar ante determinadas circunstancias. “En ocasiones se desconoce el alcance y los límites de este derecho, todo lo cual conduce a que se produzcan demoras o reticencias injustificadas para darles debida respuesta a los requerimientos”.
Simón confirmó además la necesidad de fijar responsables a la hora de elevar un pedido de información y marcó los diferentes proyectos están en la Legislatura esperando tratamiento.
El dictamen emitido por la fiscalía el pasado 16 de setiembre puntualiza que la firme y amplia protección que este derecho viene teniendo en los tribunales locales, nacionales e internacionales, se debe a que su importancia trasciende su objeto propio, en función de que la posibilidad de acceder a la información pública facilita además el ejercicio de otros derechos individuales, políticos y sociales.
Loreti, quien además es asesor de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), de la Confederación Sindical de Trabajadores de medios de comunicación en temáticas de libertad de expresión y radiodifusión, marcó la importancia de que sean los propios periodistas quienes lleven adelante el control de la convencionalidad. Incluso planteó casos internacionales en los que el acceso a la información debió transitar canales judiciales.