9/11 Los Andes. Fiscalía de Estado apura procesos contra deudores


Hay más de 800 causas judiciales iniciadas por el Estado para cobrar multas y cargos impuestos por el Tribunal de Cuentas; algunos de esos procesos tienen larga data, llegan incluso a los 15 años. Actualmente hay 20 autos y 14 propiedades con embargos judiciales. Desde la Fiscalía de Estado (organismo encargado de cobrar estas acreencias) indican que en los próximos días pedirán que las propiedades salgan a remate.

Parece que no es una tarea fácil cobrar multas y cargos fijados por el Tribunal de Cuentas. Es que quienes deben pagar fueron o son funcionarios políticos que incumplieron con las rendiciones de cuentas o con normas contables. Para colmo, algunos hasta se esconden en barrios privados donde las guardias de seguridad impiden el acceso a los notificadores.

Sorprende la complejidad de la tarea, más allá de que algunas de las acreencias están discutidas ante la Suprema Corte de Justicia. Sorprende más cuando algunos montos parecen irrisorios. Según cuentan en los pasillos de Casa de Gobierno, a veces se trata de multas o cargos por mil o dos mil pesos, y ni aún en esos casos parece haber voluntad de pago.

Para despejar el panorama. Una multa se aplica cuando un funcionario puede justificar un gasto, pero el procedimiento no cumple con la normativa vigente; el cargo se aplica cuando el funcionario no puede justificar el dinero gastado, entonces se lo “condena” a devolverlo. Esto puede tratarse de una compra de 10 biromes hasta maquinaria pesada, por eso los montos son variables, algunos de ellos irrisorios.

El asesor de la Fiscalía, Mariano Made, dice que a veces el problema es que se trata de gente que ya está alejada del cargo y que en la actualidad no tiene una actividad que le permita cubrir el cargo. “Hay gente del interior de la provincia que es difícil encontrarla para notificarla”.

Actualmente hay 803 juicios en trámite. Desde abril de este año (cuando asumió Fernando Simón al frente la Fiscalía de Estado) a la fecha se han cancelado 27 juicios y se han recaudado $ 69.887,40, de los cuales $ 49.667,13 son el monto nominal de la acreencia fijada por el Tribunal de Cuentas y el resto, los intereses por la mora.

No parece un monto muy elevado. Lo que sí llama la atención es la cantidad de bienes embargados. Hay 20 vehículos que ya tienen declarado el embargo y están a punto de ser embargados otros 17 más; en la misma situación hay 14 inmuebles y esperan ser embargados otros 4.

Made dice que en el nuevo edificio de la Fiscalía de Estado, al que próximamente se mudará el organismo, hay estacionamiento techado. Eso implica que hay lugar para secuestrar rodados con embargo declarado. De hecho dice que ya secuestraron dos: un Citroën C3 y una camioneta Volkswagen Amarok. “Al otro día vinieron a arreglar”, cuenta el asesor.

El deudor de la camioneta tenía un juicio por 70 mil pesos y ahora es uno de los 19 planes de pago que se iniciaron en los últimos meses. El del Citroën C3 tenía media docena de pequeñas multas que las canceló de contado.

Además, hay 25 embargos declarados sobre sueldos de funcionarios o ex funcionarios y están a la espera de una medida similar otros 18 multados. Además hay cinco deudores que han sido inhibidos y están a punto de serlo otros 7 más.

Habrá que ver cómo evoluciona el cobro de los castigos. En la Fiscalía de Estado juran que hay voluntad política de cobrar y se informa que han firmado convenios con la Administración Tributaria Mendoza (ATM), con el Registro de la Propiedad y con el Registro Nacional de la Propiedad Automotor; por lo que el organismo de control tiene la posibilidad de consultar los bienes que cada uno de los multados tiene y agilizar la gestión de cobro.

Por ahora no hay datos globales, ni de cuánto hay para reclamar, ni tampoco cuánto se pierde por la prescripción de los reclamos (ver aparte). Juran que cuando la Fiscalía se mude a calle San Martín entre Infanta Mercedes y Pedro Molina, tendrán lugar para tener todos los expedientes a mano y poder ofrecer toda la información.

La voluntad política de mantener vigentes los reclamos

El cobro de multas y cargos establecidos por el Tribunal de Cuentas presenta dificultades, como la mencionada imposibilidad de ingresar en algunos barrios privados a notificar a los castigados.

Quizá el problema es la voluntad política de cobrar, que suele flaquear ante las presiones. Pero también hay picardías: cuentan el caso de un ex funcionario que reside en Uspallata, quien hace pocos días fue visitado por el notificador. Sus familiares juraron que el deudor había fallecido. Al volver a la Fiscalía hubo un llamado. Alguien preguntó por el deudor y milagrosamente el muerto atendió.

No es extraño encontrarse con multas o cargos impuestos por ejercicios muy antiguos. Es que el Tribunal de Cuentas suele emitir fallos sobre ejercicios fiscales vencidos a tres o cuatro años. A eso hay que sumarle las demoras en la llegada de los expedientes a Fiscalía de Estado para iniciar la gestión de cobro y, además, hay que tener en cuenta las demoras judiciales en resolver.

El problema es que las deudas con el Estado prescriben a los 10 años. Es decir que uno de los principales problemas es mantener vivos los reclamos.

Por Daniel Peralta

Diario Los Andes